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Es condenan a 190 años a expolicía asesino de Anita

En audiencia que se realizó los días 6, 7 y 8 de agosto durante 27 horas efectivas de desahogo de pruebas y debate, un juzgado colegiado de juicio oral, condenó a 190 años de prisión y una sanción pecuniaria superior a los 2.5 millones de pesos, a Juan Fernando Ruiz Ramos, al hallarlo responsable por el secuestro agravado y feminicidio de la niña Ana Lizeth de ocho años de edad.

El crimen ocurrió el 15 de julio de 2018, en la calle Vista de Águila Real No. 724, de la colonia Vistas del Río en el municipio de Benito Juárez, Nuevo León, después que el homicida, de 37 años de edad, abordó a la menor cuando se divertía en unos juegos infantiles que se localizan frente al patio de una iglesia donde un sacerdote oficiaba misa, y a unos 40 metros de las oficinas de una ruta de transporte donde laboraba la madre de Ana Lizeth, quien la llevaba a su trabajo para no dejarla sola en casa.

Según las investigaciones policiacas, después de convencer a la niña de acompañarlo a su domicilio, Juan Fernando la privó de la vida, y después arrojó el cadáver en un lote baldío que se localiza atrás de la vivienda que ocupaba desde poco días antes.

Juan Fernando, quien había sido policía estatal, al cometer el secuestro y feminicidio tenía pendientes dos órdenes de aprehensión desde 2014, por abusar sexualmente de una menor de doce años, y había estado preso ocho años por el mismo delito.

La vicefiscalía del Ministerio Público de Nuevo León, informó que el juez que llevó el caso que hace trece meses conmocionó a la sociedad, condenó a Juan Fernando Ruiz Ramos a una pena corporal de 140 años por el delito de secuestro agravado y a una multa de 24 mil cuotas; además de 50 años de prisión y multa de seis mil cuotas, por el delito de feminicidio. En total la sanción pecuniaria para el secuestrador y feminicida asciende a dos millones 534 mil 700 pesos.

Blinda Apodaca Sistema De Pago A Proveedores

Para establecer nuevas disposiciones a la Contraloría y Transparencia Municipal, en materia de Fiscalización, el Municipio de Apodaca aprobó reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública.

El Alcalde César Garza Villarreal, explicó que con el nuevo procedimiento de pago la fiscalización será preventiva, por lo que antes de que se emita un cheque, el proveedor deberá ser validado previamente.

Con las reformas se prevendrá cualquier tipo de error en el proceso que pudiera derivar en un perjuicio en la hacienda municipal o una operación que implicara responsabilidad por apartarse de la normatividad.

“Ahora para cuando Tesorería paga, ya Contraloría firmó y revisó la operación de que se cumplió con las leyes y reglamentos, de que estuvo ajustada a derecho y de que no hay ninguna  observación en la documentación comprobatoria, todas las nuevas demandas que hemos asumido, exigen también que la fiscalización sea preventiva, no cuando ya se pagó el cheque, antes de que se pague el cheque, se revise todo esto.

“Cambiamos los procedimientos, ahora las órdenes de pago antes de procesarse por Tesorería, pasan por Fiscalización y antes de que se emita un cheque, Fiscalización revisa el proceso, ahora ya no solo se limita a revisar que haya presupuesto, que esté debidamente documentada, firmada y autorizada la orden de pago, ahora estamos agregando la responsabilidad de que el Municipio valide su padrón de proveedores, verifique el domicilio y el giro del proveedor”, detalló.

El Alcalde manifestó que con los cambios al Reglamento se defienden los principios de rendición de cuentas, integridad y transparencia en el Gobierno, además de que se busca actualizar el instrumento legal para que la Contraloría ubique previamente las fallas de control interno en los procesos de pago.

Por lo que ahora, primero se girará la orden de pago en Obras Públicas o en la Secretaría de Administración en el área de Compras, pasará a Contraloría en el área de Fiscalización para revisar que se cumpla con la norma y que el proceso haya sido legal, para finalmente pasar a Tesorería.

“El nuevo esquema que se está planteando, los municipios adquirimos corresponsabilidad con el SAT de verificar que las empresas que nos están facturando sean empresas que están establecidas físicamente en un lugar, no solo que estén al corriente del pago de sus impuestos y que estén ubicables, sino que sus inventarios y demás sean demostrables también”, dijo.
 

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